Interior reunirá a condenados por delitos de odio con víctimas para reinsertarlos

Instituciones Penitenciarias pondrá en marcha en octubre el Programa Diversidad, un tratamiento psicoeducativo pionero en Europa con el que el Ministerio del Interior quiere reinsertar a los condenados por delitos de odio. El tratamiento durará más de 13 meses y tendrá como último paso encuentros restaurativos entre el delincuente y colectivos y personas que han sufrido delitos de odio, a semejanza de los celebrados durante la llamada vía Nanclares con presos etarras. El objetivo final es minimizar la tasa de reincidencia de estos penados.

El programa está dirigido no solo a encarcelados por delitos de odio, sino también a aquellos penados por otras infracciones penales que hayan visto agravadas sus condenas por haber actuado movidos por cualquier tipo de odio hacia las víctimas; y a otros a los que los jueces han sustituido el ingreso en prisión por penas alternativas, como ha ocurrido con los condenados por delitos de odio en las redes sociales. En este último caso, la asistencia al programa será obligatoria, mientras que en el caso de los encarcelados tendrá carácter voluntario.

En una primera etapa, el programa entrará en funcionamiento en la prisión de Navalcarnero (Madrid), en el Centro de Inserción Social Victoria Kent —que acoge a internos en régimen de semilibertad—, de la capital, y en los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de A Coruña, Tenerife, Valencia y Valladolid. A la vista de los resultados, se extenderá al resto de centros, destacan fuentes de Interior.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha dividido el tratamiento en cuatro fases que suman cerca de 50 sesiones, la mayoría individuales, aunque también las hay en grupo. En la primera, denominada de “evaluación y motivación”, los condenados son sometidos a cuatro entrevistas por parte de especialistas en las que, además de evaluar su caso, se le explicará los objetivos del programa y las ventajas que supone la asistencia al mismo. Fuentes de Instituciones Penitenciarias detallan que la participación en el programa no supondrá “ningún tipo” de beneficio penitenciario directo, pero admiten que las Juntas de Tratamiento de las prisiones —encargadas de elaborar los informes utilizados para conceder permisos o progresar de grado a un recluso— sí lo tendrán en cuenta.

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